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Prestigiosos economistas y otros expertos destacan la abierta declaración del Ejecutivo que reconoce la inversión extranjera como fuente de desarrollo económico para el país a corto, mediano y largo plazos, sin ocultar que se necesita un flujo de inversión anual de entre 2 000 y 2 500 millones de dólares para garantizar  el crecimiento de la economía a un ritmo superior al 5 por ciento anual.

Son objetivos principales de la legislación, garantizarle a Cuba, un país con reconocido capital humano “el acceso a tecnologías de avanzada, la captación de métodos gerenciales, la diversificación y ampliación de los mercados de exportación, la sustitución de importaciones, el acceso a financiamiento externo, la creación de nuevas fuentes de empleo y la captación de mayores ingresos a partir de los encadenamientos productivos con la economía nacional.“

Ya hay definidos 11 sectores de la economía nacional hacia los que se pretende que fluyan los capitales extranjeros, con especiales incentivos al eximir de impuestos las ganancias que se reinviertan y los primeros años de la inversión.

Solo la salud pública, la educación y los organismos armados quedan fuera de la posibilidad de acceder a la inversión extranjera, aunque no se le prohíbe hacerlo a sus organizaciones empresariales. 

La ley, siendo la tercera de su tipo que aprueba el país en 50 años, es la primera que habla de inversiones de capital 100 por ciento extranjero. Tampoco es la única que abre la puerta a los emigrados cubanos, para los que hoy no existen más obstáculos que las leyes del bloqueo norteamericano -en el caso de los residentes en territorio del mal llevado vecino del norte.

Precisamente desde esa orilla tan próxima a las costas cubanas, surgen los comentarios de prensa más pesimistas y mordaces contra la nueva ley cubana. Los que durante medio siglo han aprovechado el negocio de las prohibiciones, temen que la ley termine por derribar el bloqueo.

Hablar de ingresos que se necesitan para el desarrollo, no significa que estemos ante un intento de vender los bienes y recursos naturales del país, que resultan especialmente protegidos por la ley, mediante formulaciones específicas que ya se han hecho públicas. 

Al presentar ante la Asamblea Nacional la nueva Ley, despertó la curiosidad de los asistentes el hecho de que el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, citara con nombre y apellido a un diputado de la oriental provincia de Granma. 

Ariel Ovidio Álvarez Suárez, legislador por el remoto municipio de Media Luna, había demandado que la ley exprese con la mayor claridad posible la obligación de los inversionistas en la contribución territorial para el desarrollo local.

¿Qué objetivo cumplía el ministro al citar la demanda de un humilde habitante de las entrañas del país? Fuera o no el propósito,  resulta imposible no ver el hecho como santo y seña del espíritu de la ley, inseparable de la historia misma del proceso de transformación social iniciado en Cuba en 1959.

A diferencia de legislaciones aprobadas en otros países, empeñados en encantar a posibles inversionistas, vendiendo cualidades reales o artificiales de su nación, la ley cubana se ha presentado y discutido primero entre sus ciudadanos. 

Ahora comienzan atenderse los primeros proyectos e intereses de potenciales inversionistas, bajo las premisas expresadas por Malmierca de “potenciar los aspectos favorables, avanzar en la recuperación del prestigio financiero del país, diversificar nuestras relaciones económicas internacionales y ganar la confianza de los inversionistas con un clima de transparencia, reglas claras e incentivos”.